Boletín de junio

"Cada 12 minutos y medio una mujer es víctima de agresión física por parte de su pareja o por su ex pareja. Cada 3 o 4 días, según el año y en los últimos años, una mujer es víctima de feminicidio. Cada 29 minutos una mujer es víctima de violencia sexual y cada 3 días lo es en el contexto del conflicto armado y este panorama prácticamente es invariable" Linda María Cabrera, subdirectora de la Corporación SISMA Mujer (Jules, 23 de mayo de 2017)

De acuerdo con un rastreo de prensa realizado entre el 18 de mayo y el 1 de junio de 2017 encontramos la siguiente situación en torno a las violencias contra las mujeres:

En los últimos 3 años se han denunciado 413 casos de feminicidios y tentativas de feminicidios en el país, de los cuales 276 han sido identificados como tales. El número más alto de denuncias se presentó en 2016 con 257 casos y este año se han reportado más de 50 denuncias (Collazos, 22 de mayo de 2017).

De los casos judicializados por la Fiscalía, "un poco más del 12 %, es decir, 52 procesos sobre feminicidio, han terminado con condenas, mientras que otros 122 se encuentran en etapa de juicio y en 122 más se ha formulado imputación de cargos contra los presuntos responsables" (Collazos, 22 de mayo de 2017).

Según cifras de Medicina Legal, el feminicidio aumentó 22 %, al pasar de 100 muertes, en 2015, a 122 muertes, en 2016 (La Vanguardia, 25 de mayo de 2017). La vivienda sigue siendo el escenario donde más se presenta, seguido de la vía pública, y el mayor número de mujeres víctimas se encuentran entre los 20 y los 34 años (Jules, 23 de mayo de 2017).

En el 2016 se registraron más de 3 mil mujeres como víctimas de violencia de género y están en riesgo de ser víctimas de feminicidio, según Medicina Legal. De acuerdo con las denuncias por feminicidio, el primer lugar lo ocupa Bogotá con 112 casos, seguido por los departamentos del Valle del Cauca con 99, Antioquia con 26, Magdalena con 24, Cauca con 18, Santander con 16, Bolívar con 15, Meta con 12, Norte de Santander con 11, Córdoba con 9 y Quindío, Huila, Nariño y Boyacá con 8 casos. Y según un informe de Onu Mujeres, en 2016, en el país cada 2 días y medio una mujer fue asesinada por su pareja o expareja (El Espectador, 20 de mayo de 2017).

En la violencia intrafamiliar hubo un incremento mayor al 20% en 2016, con 49.712 casos, donde las más afectadas fueron las mujeres entre los 20 y 24 años, con 9.544 casos.

En la violencia sexual, se presentaron 15.082 denuncias en 2016 que, comparadas con las 14.021 de 2015, significan un crecimiento de 7 %. En el 41,53% de los casos las víctimas fueron niñas de entre los 10 y los 14 años, es decir 6.265, seguidos de los ocurridos a niñas entre los 5 y los 9 años.

En cuanto a lo que va del 2017, entre enero y abril, 5.831 menores de edad se han practicado exámenes médico-legales por abuso sexual, mientras que las mujeres registran 5.808 casos, de los cuales 4.961 son niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Las más afectadas son las niñas entre los 10 y los 14 años con 2.534 casos. Los niños, por su parte, son mayormente afectados entre las edades de 5 a 9 años, con 326 exámenes realizados. Por otra parte, las mujeres mayores de edad son atacadas principalmente entre los 20 y los 24 años. Y en las mujeres entre 60 y 90 años se dieron 15 casos. Son los familiares de las víctimas los principales agresores (2.311 abusaron sexualmente de mujeres, 325 de niños y 2.213 de niñas), seguidos de personas conocidas, parejas o exparejas y amigos. De estos agresores se presume que 17 de ellos pertenecen a las fuerzas armadas, la policía, la policía judicial y a los servicios de inteligencia.

De acuerdo con Medicina Legal, en Colombia los casos de violencias contra las mujeres son responsabilidad en un 47,27% de su compañero y en un 29,33% de su excompañero. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de Profamilia, de 2015, el 31.9 % de mujeres colombianas que han vivido en pareja han sido víctimas de agresiones de su compañero (Martínez, 24 de mayo de 2017).
La ciudad más afectada es Bogotá con el mayor número de delitos sexuales con 1.031 niños atacados y 1.021 mujeres. "Y los departamentos con las cifras más altas de abuso a menores son: Antioquia con 702, Valle del Cauca con 474, Cundinamarca con 376, Santander con 321 y Atlántico con 285. En el mismo orden se dan los delitos sexuales contra las mujeres en Antioquia con 702, Valle del Cauca con 476, Cundinamarca con 355, Santander con 307 y Atlántico con 289" (La Vanguardia, 25 de mayo de 2017).

Se sigue argumentando que los obstáculos para mejorar esta situación están asociados a los imaginarios y prejuicios sociales que culpabilizan a las mujeres de las agresiones (El País, 20 de mayo de 2017). También falta mayor capacitación a los funcionarios y más herramientas de atención a las víctimas, así como mejorar los conocimientos en la ruta de atención y en la normatividad. "En muchas ocasiones las mujeres llegan a estas instituciones, y es el vigilante el que hace el 'triage'. Si una mujer es violentada por su esposo, y debe contarle primero al vigilante, luego a la secretaria, luego al comisario, y además vive en un pueblo pequeño, donde todos se conocen, pues es una revictimización de la mujer" (El País, 16 de abril de 2017).

En el proceso de denuncia se han encontrado obstáculos como que de las mujeres que denuncian en la fiscalía, solo el 30% van a Medicina Legal a confirmar la agresión, según estudio del Icontec (Martínez, 24 de mayo de 2017).

Situación en Medellín y en Antioquia:

En lo que va corrido del año, han sido asesinadas 25 mujeres en Medellín (Noticias RCN, 28 de mayo de 2017), es decir que una mujer es asesinada cada 6 días en la ciudad (Caracol TV, 24 de mayo de 2017) , lo que representa un aumento del 150% en los asesinatos de mujeres con respecto al 2016 en el mismo período (Isaza, 1 de junio de 2017) y teniendo en cuenta que en el 2016 fueron asesinadas 37 mujeres, este año se ha cumplido con el 62% de esa cifra.

Por otro lado, la línea 123 mujer atendió más de 3.800 casos de violencia contra las mujeres en Medellín en 2016 (Caralcol TV, 24 de mayo de 2017).
Según el reporte de la prensa revisada entre el 18 de mayo y el 1 de junio vemos que en el país se produjeron 6 asesinatos de mujeres y 1 muerte causada por un golpe en la cabeza; 1 abuso sexual y 1 agresión física por medio de golpes, donde las víctimas fueron mujeres.
De estos reportes 7 son de Antioquia: 5 de Medellín, 1 de Puerto Berrio y 1 del Carmen de Viboral. De los de Medellín, 1 corresponde a abuso sexual, donde el victimario es el administrador del hostal donde se alojaba la víctima; 4 son asesinatos, donde 2 de los agresores son los compañeros, en uno de los casos son sicarios y en otro se desconoce al agresor. El de Puerto Berrio fue una agresión física que días después produjo la muerte de la víctima, donde el agresor fue un familiar y el del Carmen de Viboral fue una agresión física, donde el victimario fue el compañero.

Las violencias contra las mujeres y el conflicto armado

De acuerdo con una investigación realizada por ONU Mujeres, el conflicto armado ha influido en gran medida en las violencias contra las mujeres. Data que durante los años de conflicto el 49% de las mujeres colombianas han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente de la violencia sexual. Agregando también que "cada tres días una mujer es asesinada en el marco del conflicto, cada seis días una mujer es asesinada por su pareja, cada 15 segundos es víctima de algún tipo de violencia y que cada seis horas una colombiana es víctima de algún tipo de violencia sexual" (El tiempo, 26 de mayo de 2017). Se concluye también que la violencia contra las mujeres entre los 15 y los 44 años produce más muertes y discapacidades que el cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito y la guerra.

Por otro lado, según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, en 85 municipios de 19 Departamentos de Colombia, hay un gran riesgo de violencia sexual contra mujeres y niñas, por el aumento y la expansión de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (en el Pacífico y en Córdoba), el EPL y el ELN, así como la disidencia de las FARC. Este riesgo también se presenta en las zonas de frontera, por el control por parte de las economías ilegales y por la trata de personas para la explotación laboral o sexual.

Este riesgo se evidencia en las cifras: "En lo corrido de 2017, de 664 casos acompañados por la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, 105 corresponden a mujeres víctimas de violencia sexual relacionadas con el conflicto armado, quienes además tienen graves obstáculos para el restablecimiento integral de sus derechos" (El País, 25 de mayo de 2017).

Según el informe de la ONU "por cada caso que se denuncia por violencia sexual hay al menos entre 10 y 20 sin documentar". Esto se debe a la falta de confianza en las instituciones como la policía y el poder judicial, teniendo en cuenta además que hay casos en que esta violencia es perpetrada por las mismas fuerzas armadas estatales (Alvarado, 24 de mayo de 2017).

En torno a los acuerdos del proceso de paz, grupos de mujeres se han organizado y han hecho seguimiento a que sí se cumpla lo pactado. En Putumayo, en este primer semestre se han realizado dos encuentros de mujeres cocaleras; el 17 y 18 de marzo en Puerto Asís, con más de 80 mujeres, donde discutieron su situación actual en relación a lo pactado en los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final, especialmente en torno al desarrollo rural integral, la sustitución de cultivos y el tratamiento penal diferenciado. Según lo hablado, hay mucha desinformación sobre los planes de sustitución y se denunció la presencia del ejército, que ayudado por la policía, llega a arrancar las plantas de coca sin previo aviso y armados, desde hace varios meses. Además no hay claridad en los preacuerdos de sustitución en lo que se refiere a las obligaciones del gobierno. Las demandas más importantes de las mujeres fueron: participación activa en la implementación de los acuerdos, con representación equilibrada; vinculación de todas las mujeres que hacen parte de la economía de la hoja de coca a proyectos productivos agropecuarios de sustitución, que deben formar parte de las políticas públicas de departamentos y municipios y que incluyan la mejora de vías de acceso; y garantías para el tratamiento penal diferenciado para cultivadoras y mujeres condenadas por delitos menores (Contagio Radio, 26 de mayo de 2017). Todas estas peticiones están amparadas en los acuerdos.

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