Boletín de prensa No. 2

La ausencia estatal reflejada en la falta y el recorte de presupuesto, de capacitación y de personal para atender las violencias contra las mujeres, fue identificada como el mayor obstáculo que tienen las mujeres víctimas de violencias de género para acceder a la justicia, grave situación frente a los 126 homicidios de mujeres, 1.800 presuntos delitos sexuales y los 4.285 casos de violencia de pareja; registrados en el 2016 en el departamento de Antioquia.

Este es el tema central del XV Informe sobre la violación de Derechos Humanos de las Mujeres en Medellín y territorios de Antioquia 2016 “Entre silencios, culpas y negligencias: reflexiones y cifras sobre las violencias contra las mujeres y las rutas de atención”, elaborado por la Corporación Vamos Mujer y por la Corporación para la vida Mujeres que Crean, que para este año se realizó en Medellín, en 3 subregiones de Antioquia: Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueños (igual que el año anterior) y en dos municipios del Área Metropolitana: Barbosa y Caldas.

El informe incluye testimonios de 9 mujeres víctimas de violencia sexual de Urrao y Medellín y entrevistas a funcionarias y funcionarios públicos que hablaron sobre la ruta de atención; además de analizar las cifras de la violencia feminicida, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja.

En el primer capítulo titulado “Mujeres, territorios y violencias” se hace el recuento y análisis de las cifras encontradas en cuanto a los homicidios, presuntos feminicidios, violencia sexual y violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja hacia las mujeres en las regiones estudiadas.

En cuanto a la situación de Homicidios de mujeres y feminicidios se encontró que las tres subregiones donde se presentó el mayor número de casos son en su orden: el Valle de Aburrá, el Suroeste y el Oriente antioqueños. De acuerdo con la tasa, las mujeres son más vulnerables en el Suroeste, donde asesinaron 8,12 mujeres por cada cien mil. Las subregiones que le siguen en afectación son el Magdalena Medio y Occidente.

• Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueños

Frente a los homicidios de mujeres y feminicidios se plantea que: Durante los años 2015 y 2016 se presentaron 88 homicidios de mujeres en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueños; siendo el Suroeste la región que registró más asesinatos con 39 casos (44%) y configurándose como la más insegura para las mujeres, ya que en 16 de los 23 municipios que la conforman hubo al menos un asesinato de una mujer en estos dos años. Según la información encontrada continúa siendo difícil determinar quiénes son los responsables de los homicidios de mujeres por la falta de información, lo que evidencia pocos avances en materia de investigación de este delito y una alta impunidad, a pesar de las exigencias de la Ley 1761 del 2015, que tipifica al feminicidio como delito. No obstante, con la información obtenida se puede manifestar que los principales victimarios de los homicidios de mujeres en las tres subregiones, durante 2015 y 2016, fueron desconocidos, con un total de 18 casos. Las parejas o ex parejas de las víctimas ocupan el segundo lugar como presuntos responsables con 12 casos, y en un tercer lugar se ubican las fuerzas militares y la categoría “otros” con 6 casos cada uno. La cuota más alta de mujeres asesinadas en las tres subregiones la representan las mujeres jóvenes con un rango de edad entre los 18 y los 35 años, con 50 casos en 2015 y 2016 en las tres subregiones.

El mecanismo más recurrente para el asesinato de las mujeres fue el proyectil de arma de fuego, con 48 casos durante el 2015 y el 2016. En segundo lugar se ubicaron los homicidios causados por arma blanca con un total de 22 casos y en tercer lugar, están los contundentes con 7 casos y los generados por el mecanismo de asfixia (ahorcamiento, estrangulamiento, ahogamiento, sofocación o confinamiento) con otros 7 casos. Con relación a los tres últimos, se devela que 36 asesinatos de mujeres tuvieron como características ser lentos y dolorosos.

Llama la atención que en el Nordeste se presentaron 4 casos donde se utilizaron explosivos como mecanismos para asesinar a las mujeres, categoría que comprende minas antipersonales, granadas u otro tipo de artefactos, que en el caso Colombiano son armas generalmente utilizadas en el marco de la violencia sociopolítica.

Las mujeres más vulnerables a los asesinatos en las tres subregiones fueron las campesinas, observándose 39 casos. Según lo anterior, los escenarios más inseguros para las mujeres en los años 2015 y 2016 fueron los espacios terrestres al aire libre; el bosque, los potreros, la montaña, la playa, etc., con 13 casos, seguidos de la vivienda con 12 casos.

Frente a la violencia sexual, según los informes de Medicina Legal de 2015 y 2016, Antioquia es el segundo lugar del país donde más exámenes sexológicos por presuntos delitos sexuales se realizaron con un total de 2.710 y 2.163 casos respectivamente. Tienen el mayor número de casos en 2015 y 2016: el Valle de Aburrá con 2.630 casos en los dos años, Oriente con 453 y Urabá con 264.

Durante los años 2015 y 2016 Medicina Legal realizó 920 exámenes sexológicos en las subregiones del nordeste, suroeste y oriente de Antioquia, donde las mujeres fueron las principales víctimas con 774 casos, correspondientes al 84%. Este porcentaje está principalmente conformado por niñas y adolescentes, sumando 629 casos (81%) y la principal expresión de este tipo de violencia fue el abuso sexual con 340 casos. La subregión que presentó el mayor número de casos de mujeres víctimas fue el Oriente (con 441), donde se podría afirmar que, en promedio, cada día mínimamente una mujer sufrió una violencia sexual. Los municipios con mayor número de casos entre ambos años fueron Rionegro, con un total de 82 casos, para 2015 y 2016, La Ceja con 64 casos y Abejorral con 44. La mayoría de victimarios tenían algún tipo de vínculo con la víctima, siendo los conocidos quienes presentan mayor prevalencia con el 34% (265 casos), seguido de los familiares con el 31% (237 casos), evidenciando que los victimarios aprovecharon su cercanía con la víctima o su rol socialmente jerárquico para violentar sexualmente a las mujeres. En correspondencia con estos datos la vivienda fue el lugar donde más se presentaron violencias sexuales, con 259 casos.

En cuanto a la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja, se encontró que entre 2015 y 2016 en Antioquia se presentaron 9.910 casos, siendo las mujeres las más afectadas con el 84% (8.354). Durante estos dos años el territorio más afectado por este tipo de violencia fue el Valle de Aburrá con 6.966 casos, seguido de Oriente con 475 y Urabá con 362. De los 2.494 casos presentados en el Nordeste, el Suroeste y el Oriente entre los años 2015 y 2016, el 77% de las víctimas fueron mujeres, con un total de 1.928 casos, siendo las jóvenes entre los 18 y los 35 años las más afectadas, con 995 casos, dando cuenta de que es en el rol de pareja donde se visibilizan las cifras más altas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. En este caso fueron las parejas o exparejas de las mujeres quienes cometieron el mayor número de agresiones, con el 66%. En el 2016 el territorio que padeció más frecuentemente esta violencia fue el Oriente, con una tasa de 150,11. La violencia de pareja en estos territorios comienza a incrementarse a partir de los 15 años hasta los 49, teniendo su pico más alto entre los 20 y los 34 años, con 411 casos, y presenta una disminución después de los 55 años, y el lugar donde más se presentaron agresiones fue la vivienda con 511 casos. Este comportamiento muestra que una vez las mujeres inician sus vidas erótico-afectivas, se vuelven vulnerables a las violencias de pareja hasta su edad madura. Los mecanismos para ejercerla van desde los golpes, estrujones, generadores de asfixia hasta la utilización de armas blancas, tóxicas y químicas, mostrando que las pretensiones de las violencias contra las mujeres en el marco de sus relaciones amorosas tienen además de sevicia y crueldad, intenciones de dejar marcas permanentes en el cuerpo de las mujeres, e incluso llegar a su aniquilamiento.

• Medellín

En el 2016 disminuyó la tasa de homicidios a mujeres en Medellín con respecto al año anterior, pasando de 3,49 (46 casos) a 2,83 (37 casos). 13 de estos 37 casos fueron reportados por Medicina Legal como feminicidios íntimos, es decir, que fueron perpetrados por la pareja-expareja (7 casos), un familiar (2 casos) y un conocido (4 casos). La mayoría de mujeres asesinadas también eran jóvenes, con 6 casos entre los 18 y 24 años y 4 casos entre los 25 y los 28 años.

Prevalece la prolongación de la barbarie como una forma de sustentar el poder y la superioridad del patriarcado, a través de la tortura y la vejación de las víctimas, lo que se evidencia en que en la mayoría de los homicidios el arma de fuego fue la más usada, con 14 casos que equivalen al 37,8%; seguida por el arma cortopunzante, con 10 casos (27%). Se destaca también el incremento de registros de homicidios en las modalidades de ahorcamiento o estrangulamiento, pasando de 3 casos en 2015 a 6 casos en 2016 y de asfixia mecánica, pasando de un caso a tres.

La zona Centro Oriental; que comprende las comunas 8, 9 y 10; reflejó las cifras más altas de violencia mortal contra las mujeres con 6 casos en la comuna 10, 6 en la comuna 8 y 3 en Buenos Aires. En los 5 corregimientos de Medellín se presentaron 9 casos de homicidios a mujeres, de los cuales 4 sucedieron en San Antonio de Prado. Y 4 de los 6 homicidios de mujeres menores, de 0 a 17 años se presentaron corregimientos: 1 en San Antonio de Prado; 1 en Santa Elena, 1 en San Cristóbal y 1 en Altavista.

En 2016 se registraron en total 1.537 casos de violencias sexuales, de los cuales el 88,6% fue contra las mujeres, que equivale a 1.362, es decir que por cada cien mil mujeres, 103 fueron víctimas de alguna tipología de violencia sexual. El mayor número de casos se presentó entre los 6 y los 17 años, con 843 casos, 54,8% del total de las mujeres afectadas por violencia sexual en la ciudad. Las cifras indican un aumento sustancial en las variables pornografía con menores de 18 años, que pasó de 20 casos (0,1%) en 2015 a 38 casos (2,5%) en 2016, y Proxenetismo con menor de edad, que reportó 6 casos (0,3%) en 2015 y 13 casos (0,9%) en 2016. Los presuntos agresores que predominan son el padrastro con 95 casos (6,2%) y el padre con 80 casos.

Resulta alarmante que un 68,6% (es decir 1.058), de los 1.460 casos reportados por las mujeres (y también por los hombres), no dé cuenta de manera directa sobre quién, o quiénes, recae la responsabilidad de los actos de violencia sexual. En esta falta de información inciden aspectos como el temor que sienten las mujeres al juicio social, la dependencia económica e incluso emocional y el miedo a las represalias que pueda tomar el agresor, que conlleven a la pérdida de sus medios de vida y al sostenimiento familiar, situaciones que exceden el malestar de las víctimas frente al padecimiento mismo de las violencias sexuales.

Se observa un incremento de casos de violencia sexual en cuatro corregimientos, exponiendo una tendencia que puede aludir al incremento de la denuncia o estar asociada con el registro oficial de casos por parte de los sectores justicia y salud. Al respecto se encontró que: San Cristóbal reportó 20 casos en 2015 y 26 en 2016; San Antonio de Prado reportó 15 casos en 2015 y 20 en 2016; Alta Vista pasó de 8 casos en 2015 a 11 en 2016; y Santa Elena mostró 2 casos en 2015 y 6 casos en 2016.

La comuna 9 se presenta como la de mayor índice en esta tipología de violencia, con 82 casos. También hubo un incremento de esta violencia en la Comuna 12, La América, con 23 casos, 9 más que los reportados en 2015, así mismo, se evidencia un incremento en la comuna 11, Laureles-El Estadio, que pasó de 18 casos en 2015 a 29 en 2016.

En cuanto a la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja, se encontró una disminución de 921 casos en Medellín en el 2016, con respecto al año anterior (en 2015 hubo 5.960 casos y en 2016 hubo 5.039). A pesar de la disminución, aún sigue siendo una cifra alarmante sobre la situación de violencia que padecen las mujeres en la ciudad. El rango de edad donde se presentó el mayor número de casos es de 18 a 52 años con 3.353 reportes. En cuanto al nivel académico el mayor número de mujeres agredidas son bachilleras o han terminado la primaria con 2.985 casos. También fueron las mujeres solteras las más agredidas con el 33% de los casos, es decir 1.656, lo que puede interpretarse como una comprensión errónea del amor romántico, de la dependencia emocional y de la dominación de las mujeres. La dependencia económica y patrimonial pueden ser características de la VIF en las mujeres casadas y en unión marital de hecho, situaciones en las que se reportaron 1.069 casos (21%) y 1.204 casos (24%), respectivamente. En las modalidades para ejercer la VIF se destacaron la violencia física y la violencia verbal, teniendo los registros más altos en denuncias.

• Caldas y Barbosa

En Barbosa y en Caldas se presentaron 4 homicidios de mujeres en 2016, 2 en cada municipio, de los cuales 2 fueron ocasionados por un agresor desconocido, y otros 2 no cuentan con información. Las armas usadas fueron arma de fuego con 2 casos, asfixia con un caso y arma contundente con un caso. La mayoría de las víctimas (3) se encontraban entre los 30 y los 39 años.

Falta información que contribuya a esclarecer cuáles fueron las circunstancias atribuibles a los hechos violentos contra las mujeres, asociadas a las violencias económica, intrafamiliar, intrapersonal, sexual, sociopolítica u otras.

Las cifras de homicidios en el país dan cuenta de la concentración urbana que tiene este tipo de violencia. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín suelen registrar el mayor número de casos, pero también concentran la mayoría de acciones de contención y atención de esta problemática.

En cuanto a la violencia sexual, se registraron 21 casos en Barbosa, correspondientes a una tasa de 82 mujeres afectadas por cada cien mil, mientras que en Caldas, se presentaron 23 casos y una tasa de 57,8. Las cifras indican un incremento según el registro del 2015, año en el que se presentaron 10 casos en Barbosa y 19 en Caldas. El rango de edad en que se presentaron más víctimas fue entre los 5 y los 17 años, con 15 casos en Barbosa y 16 en Caldas. Estas agresiones sexuales fueron perpetradas principalmente por familiares con 19 casos en los dos municipios y la vivienda fue el lugar donde ocurrió el mayor número de casos 15 en Barbosa y 15 en Caldas. Hay que destacar que entre los 0 y 5 años de edad aumentan los factores de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la total dependencia al adulto para la mínima satisfacción de las funciones vitales.

En cuanto a la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja las tasas municipales dan cuenta de que, por cada cien mil habitantes de Barbosa, 97,8 mujeres (25) fueron víctimas de violencia de pareja y en Caldas se registró una tasa 98,1 mujeres víctimas en 2016 (39). Se tiene que las categorías compañero permanente, excompañero permanente, pareja o expareja agrupan la totalidad de las denuncias hechas por las mujeres en Barbosa y Caldas.

Los grupos de edades en los que se presentó mayor registro de vulneración de derechos por violencia de pareja en los dos municipios se encuentran entre los 20 y los 39 años, con 15 casos en Barbosa y 31 en Caldas en 2016. Y la mayoría de las mujeres víctimas eran solteras o en unión libre y en cuanto al mecanismo predominaron los golpes con objetos contundentes.

En el segundo capítulo “Obstáculos para la atención y protección de las mujeres víctimas de violencias sexuales” se encuentran las voces de las mujeres y, también, de funcionarias y funcionarios públicos, que nos permiten conectar las cifras con historias reales, donde se expresan vivencias de desesperación y resistencia, haciendo énfasis en las rutas de atención instauradas a partir de la Ley 1257 de 2008, que trata las violencias contra las mujeres. Teniendo en cuenta aspectos subjetivos, territoriales y de relación con la institucionalidad se da un panorama amplio de cómo pueden las mujeres acceder a la justicia después de ser víctimas de violencias sexuales.

En este apartado aparece entonces información de dos contextos territoriales: Medellín (como urbano) y Urrao (como rural), donde se analizaron las rutas de atención a violencias sexuales, a partir de los testimonios de 9 mujeres víctimas que decidieron contar los hechos de manera voluntaria, los cuales fueron contrastados con las opiniones de funcionarias y funcionarios públicos encargados de la ruta de atención.

En cuanto a lo subjetivo se encuentran entonces consecuencias como la naturalización del miedo, en particular cuando los agresores son parte de la familia, donde se utilizan estrategias como las amenazas, la manipulación o las agresiones a sí mismos o hacia otro miembro de la familia. También se identificaron la vergüenza y la culpa como emociones recurrentes tras las agresiones, ya que hay una presión social por parte del grupo o comunidad del que hace parte la víctima que se combina con el temor a perder credibilidad, status, reconocimiento en el grupo o a ser juzgada por haber permitido la violencia y por guardar silencio.

En este sentido, romper el silencio es un símbolo de resistencia, de poder sobre sí mismas y sobre las posibilidades de construir desde la expresión, la palabra, como un acto político de creación y de sanación.

En algunos testimonios se encontró que los actos cometidos tenían como propósito dejar marcas en la piel y demostrar el poder masculino a través de la crueldad y el uso desmedido de la fuerza.

El ideal de la familia y el rol de la mujer como esposa, hija o madre hace que las mujeres se vean aprisionadas fácilmente y que se sometan a situaciones de violencia para proteger a sus familiares. Así mismo, la percepción de propiedad sobre la mujer-pareja legitima el uso de la violencia si ellas no cumplen con una supuesta obligación sexual.

Dentro de los testimonios se evidencia la problemática de la militarización de los territorios y su afectación de forma particular en las mujeres, pues 4 de las 9 entrevistadas fueron víctimas de violencia sexual por parte de actores armados, siendo diversas las finalidades y afectaciones del hecho.

Las redes de apoyo se mostraron de gran importancia para desnaturalizar las violencias e impulsar la denuncia, además de la ayuda emocional que se encuentra en ellas.

Hay un continuum de violencias, es decir que es un problema sistemático, lo que se evidencia en que las nueve mujeres entrevistadas fueron víctimas de diversos tipos de violencias (por su condición de género) en diferentes momentos de sus vidas. Algunas de las mujeres relatan cómo tuvieron que experimentar desde niñas diversas modalidades de violencia sexual, como el abuso y la explotación sexual infantil. En otros testimonios se observa que el acceso carnal violento es la modalidad predominante vivida en reiteradas ocasiones y por varios años. En todos los casos, la violencia sexual se experimentó de manera sistemática en sus vidas y con agresores diversos.

Frente a esto se resalta la importancia de leyes que propendan efectivamente por la garantía de derechos de las mujeres, la justicia, la no repetición, la comunicación efectiva, la protección, la atención oportuna, la confidencialidad, la discreción del personal y la atención libre de prejuicios.

En cuanto al acceso a la ruta de atención a violencias sexuales desde la institucionalidad se encontraron los siguientes obstáculos:

• Hay diversidad de interpretaciones para la aplicación de la ruta
• Falta de recursos
• Falta de personal, en contraste con la gran cantidad de casos que deben resolverse
• Falta de recurso humano interdisciplinar
• Falta de divulgación de la Ley
• Los trámites de denuncia, recolección de pruebas, toma de medidas de protección y judicialización, son muy lentos, lo cual pone en riesgo a las mujeres que deciden denunciar, pues las situaciones graves no son tratadas a tiempo.
• En Urrao no existen entidades especializadas en la atención de violencias contra las mujeres.
• No se encuentran medidas efectivas para la protección de las mujeres que denuncian.
• Inoperancia en las remisiones desde el sistema de salud para la atención de casos graves.
• Hay una gran diferencia entre la atención en el contexto de ciudad y en el municipio, pues Medellín cuenta con un abanico amplio de programas de prevención y atención, mientras que Urrao no tiene ningún programa específico que atienda violencias contra las mujeres.
• Se evidencia culpabilización hacia las mujeres víctimas por parte de funcionarias y funcionarios
• La falta de autonomía económica hace que las mujeres tengan temor a denunciar
• Aún hay estigmatizaciones sociales frente al comportamiento de las mujeres, lo que justifica las agresiones.
• Se evidencia desconfianza hacia los testimonios de las mujeres víctimas.
• En Urrao se visibiliza en algunos servidores públicos una visión que liga las violencias basadas en género en el contexto familiar con un problema de lo privado, relacionado con la intolerancia y falta de comunicación, por lo cual la solución que proponen es el diálogo, lo que puede poner en peligro a la víctima.
• Falta de compromiso de algunos funcionarios y funcionarias para atender las violencias, atrasando procesos o no generando protección oportuna.
• Las mujeres rurales son las más vulnerables, por la poca presencia del Estado.

Finalmente se presentan las siguientes recomendaciones:

Crear y fortalecer programas de capacitación para los servidores y servidoras públicas que participan en la ruta de atención, sobre normas y comprensiones frente a la discriminación y violencias contra las mujeres.

Fortalecer la capacidad institucional de los diferentes sectores que hacen parte de la ruta (justicia, protección, ministerio público y salud), en términos de recursos financieros, humanos y materiales, que permitan la garantía de derechos de las mujeres en condiciones dignas y con eficacia.

En el sector justicia se requiere fortalecer los equipos y procesos de investigación y seguimiento judicial, los servicios de medicina forense, el número de fiscales, jueces, abogados de oficio y profesionales administrativos, con el fin de combatir la impunidad y aportar a una adecuada sanción y reparación de las mujeres víctimas.

Continuar con la asignación de instancias especializadas en derechos de las mujeres dentro de los Ministerios Públicos, la policía y los tribunales.

Adoptar medidas de sanción para quienes no realicen su debida diligencia.

Diseñar e implementar recursos judiciales de naturaleza cautelar, sencillos, rápidos y accesibles, que funcionen efectivamente, para prevenir situaciones de violencia contra las mujeres y su revictimización.

Adoptar medidas eficaces de protección para denunciantes, sobrevivientes y testigos y medidas para preservar su privacidad, dignidad e integridad durante la denuncia y el proceso penal.

Crear instancias y recursos judiciales idóneos y efectivos en zonas rurales, marginadas y en desventaja económica, con el objeto de garantizar que todas las mujeres tengan un acceso a la protección y a la justicia ante actos de violencia.

Realizar campañas púbicas de prevención de violencias y de divulgación de las rutas de atención.

Mejorar sistemas de registros de información estadística y cualitativa que permitan evidenciar la situación de la violencia basada en género (en especial los feminicidios) en los diferentes territorios del país.

Diseñar mecanismos para lograr la uniformidad, certeza y transparencia entre los sistemas de información de actos de violencia contra las mujeres a nivel nacional (mantener estadísticas confiables y actualizadas).

Impulsar el diseño de un formulario único para recopilar información de la violencia y discriminación contra las mujeres, que pueda ser utilizado por todos los sectores.